Dos bomberos junto al viaducto que se desplomó en Almuñécar y en
el que murieron seis trabajadores.
(J.
ROJAS)
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La ampliación de la plantilla de la Inspección de
Trabajo es una necesidad en la que coinciden sindicatos, empresarios
y Administración. El Ministerio de Trabajo se comprometió esta
legislatura a incrementar la plantilla de inspectores y
subinspectores hasta alcanzar los 2.000 funcionarios, casi 400 más
que en 2004. Pero aunque la convocatoria de oposiciones se ha
intensificado, pocos superan los exámenes y apenas se cubren la
mitad de las plazas ofrecidas. La Consejería de Empleo estudia
plantear al Ministerio la creación de una vía de acceso
extraordinaria, a imagen del cuarto turno de la judicatura,
que permita incorporar a la Inspección a expertos "de reconocido
prestigio" y larga trayectoria profesional sin opositar.
Los accidentes en el trabajo cambian o truncan la
vida de muchas personas. Son dramas particulares que evidencian un
problema colectivo, delimitado por la fría, y en este caso, tozuda
estadística: alrededor de 1.000 personas mueren cada año en España
en el desempeño de su trabajo, de las que unas 150 fallecen en
Andalucía. Casi una quinta parte de los accidentes mortales en la
Unión Europea (UE) ocurren en España y una buena parte de ellos son
evitables.
De ahí que Administración, sindicatos y patronal
insistan en las medidas de prevención, cuyo control es una de las
tareas básicas de los inspectores de Trabajo. Pero aquí los números
vuelven a descuadrarse. La escasez de funcionarios es patente. El
ministro de Trabajo, Jesús Caldera (PSOE), se comprometió a alcanzar
los 1.000 inspectores y los 1.000 subinspectores (casi 400
funcionarios más en total) esta legislatura. Pero a pesar de que el
número de plazas sacadas a oposición se ha triplicado, muchas se
declaran desiertas por falta de aprobados.
El problema se agudiza en el caso de los
inspectores de Trabajo, funcionarios de nivel técnico superior, que
son los que tienen la competencia exclusiva de imponer sanciones por
incumplimientos en la prevención de riesgos laborales. En estos dos
años, el Ministerio ha sacado a oposición más plazas de inspector
(55 y 60): en las dos legislaturas anteriores (PP) hubo años en los
que se convocaron apenas 10 plazas, aunque el incremento ya se
empezó a notar en 2003 (36 puestos). Pero el número de aprobados
apenas llega a la mitad de las plazas ofertadas. "En la última
convocatoria sólo fueron 32", indica Esther Azorit, directora
general de Seguridad Laboral en la Consejería de Empleo.
Mercado laboral
La dureza de la oposición, la escasez de plazas
en años anteriores y que "el mercado laboral ofrece ahora muchas más
posibilidades" son, según Azorit, algunas de las claves que explican
esta situación. Al no cubrirse las plazas, el objetivo de alcanzar
los 1.000 inspectores (ahora hay 798 en España) se aleja. "Ante el
aumento de la actividad económica, estamos pensando en proponer al
Ministerio nuevas medidas", indica el consejero de Empleo, Antonio
Fernández.
El auge de la actividad económica, más intenso en
la comunidad, vuelve a evidenciar el problema. Si desde 1997 los
afiliados a la Seguridad Social crecieron un 55% en Andalucía, hasta
rozar los tres millones en 2006, el número de inspectores apenas ha
aumentado un 33% (127 funcionarios en la comunidad). La proporción
entre trabajadores afiliados e inspectores es el indicador más
habitual para analizar las necesidades de la Inspección. En el caso
andaluz y español, ese promedio casi triplica la media de la UE.
Empleo estudia la fórmula jurídica para crear una
"vía extraordinaria" de acceso a la Inspección que permita paliar la
falta de plantilla. "Sería parecido al cuarto turno de la
judicatura, se incorporaría sólo a profesionales de reconocido
prestigio, con una experiencia larga y contrastada", aclara
Fernández. En el caso de este cuarto turno de inspectores, además de
expertos juristas, también podrían otros profesionales de larga
trayectoria en materias relacionadas con la Inspección de Trabajo.
Las áreas que competen a la Inspección de Trabajo
no paran de crecer. Además de la prevención, los inspectores
controlan la legalidad en la Seguridad Social, los contratos
laborales (con atención prioritaria a los contratos temporales),
median en conflictos y huelgas, o vigilan las condiciones laborales
de los trabajadores extranjeros.
El consejero considera "correcto" el reparto de
los nuevos funcionarios entre las comunidades, para lo que se tiene
en cuenta el número de afiliados, de centros de trabajo y, desde
ahora, "a petición de la Junta", la siniestralidad.
En 2006, vendrán a Andalucía cinco nuevos
inspectores, a los que se sumarán otros cinco por concurso de
traslado. Hay situaciones especiales que cambian las previsiones.
Fue el caso de Granada el año pasado, donde la sucesión de
accidentes laborales y, sobre todo, la muerte de seis obreros en
unas obras en la autovía del Mediterráneo (en Almuñécar), llevaron
al Ministerio a acelerar los planes previsto con el envío de tres
inspectores en comisión de servicio.
¿Inspectores autonómicos?
El cuerpo de la Inspección de Trabajo depende,
orgánica y funcionalmente, del Gobierno central, pero el
Ministerio de Trabajo coordina los objetivos con cada una de las
comunidades mediante convenios. Esta forma de colaboración se ha
demostrado ineficaz, sobre todo cuando los Gobiernos autonómico y
central son de diferente color político. El consejero de Empleo,
Antonio Fernández, aboga por la creación de una Agencia Estatal de
Inspección de Trabajo que permita a las comunidades compartir con
el Ministerio las decisiones estratégicas y facilite la
colaboración material y económica. "Es una idea que se va abriendo
paso", asegura.
Sin embargo, el debate estatutario puede variar
estos planteamientos. Ya en el texto registrado en febrero por el
PSOE e IU en el Parlamento autonómico como proposición de ley de
reforma del Estatuto andaluz, se considera "competencia exclusiva"
de la comunidad autónoma "la prevención de riesgos laborales y
seguridad en el trabajo, así como la labor de control, evaluación
e inspección", labores éstas últimas adjudicadas hasta ahora al
cuerpo estatal.
Pero lo más probable es que la redacción final
se asemeje más a la enmienda presentada un mes mas tarde por el
grupo socialista, que, como muchas otras, imita la redacción del
Estatuto catalán aprobado ya por el Congreso. En esa enmienda, se
adjudica a la Junta de Andalucía "la competencia ejecutiva sobre
la función pública inspectora" en materias como la prevención de
riesgos laborales o la mediación y arbitraje laborales. Y se
añade: "A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realicen
dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Junta de
Andalucía".
El presidente del Sindicato de Inspectores de
Trabajo, Carlos Moyano, ya criticó que el articulado del Estatut
llevaría a "parcelar" el cuerpo. En definitiva, los funcionarios
estatales se quedarían con la supervisión de algunas materias
(básicamente las relacionadas con la Seguridad Social), mientras
que funcionarios autonómicos desarrollarían otras (como la
prevención de riesgos laborales) ahora adjudicadas a la
Inspección.
Edición
del domingo, 16 de abril de 2006
